La Junta modificará la normativa para intentar impulsar una 'ITV' de edificios que no termina de despegar

Amplía las inspecciones obligatorias para inmuebles a partir de 40 años a municipios de más de 5.000 habitantes y de mil si están en alfoces de ciudades

01.05.12 - 13:27 - S. ESCRIBANO | Valladolid | El Norte de Castilla

Vista aérea del centro urbano de Salamanca

La Consejería de Fomento y Medio Ambiente prepara un decreto que reajustará la normativa que regula las Inspecciones Técnicas de Construcciones, conocida como la ITV de edificios. En el departamento que dirige Antonio Silván confían que sea la definitiva y que sirva para impulsar unas inspecciones que no terminan de despegar. La medida es obligatoria desde 2004 para edificios de más de 40 años. El nuevo decreto se adapta a normativas aprobadas posteriormente e incorpora cuestiones prácticas surgidas de la experiencia sobre el terreno. 

El borrador del decreto, que está en periodo de alegaciones, amplía a los municipios de más de 5.000 habitantes la exigencia de que los edificios antiguos pasen este examen, umbral que baja a los 1.000 habitantes para las localidades que se sitúan en los entornos urbanos. La inspección se planteó inicialmente para las poblaciones urbanas por encima de los 20.000 habitantes y a aquellos municipios menores con Plan General de Ordenación Urbana (ciudades, cabeceras de comarca y casi todos los de los entornos de capitales). El nuevo ámbito mete en el mapa de la 'ITV' inmobiliaria a 108 municipios en los que residen el 70% de los empadronados en Castilla y León.

La regulación es autonómica, pero su aplicación depende de los ayuntamientos, por lo que su aplicación en Castilla y León es bastante desigual. Hay capitales de provincia como Valladolid, León o Ávila en las que se lo han tomado más en serio y otras que obvian la existencia de esta obligación.

Es obligación de los propietarios encargar a profesionales técnicos (arquitectos, aparejadores e ingenieros) la inspección. Las sanciones por el incumplimiento de esta obligación pueden dar lugar a multas que oscilan entre los 3.000 y los 15.000 euros.