VALLADOLID
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Todos los edificios como el de la imagen,
con cuatro décadas de vida serán inspeccionados.
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Casi 300.000. Concretamente 294.140 viviendas de los municipios con más de 20.000 habitantes de Castilla y León superan las cuatro décadas de vida, según el Instituto Nacional de Estadística. Todas ellas tiene la obligación de someterse a la Inspección Técnica de Edificios (ITE), una especie de ITV dirigida a detectar deficiencias en las estructuras o calidades de los bloques de viviendas, con el fin de poner soluciones a las mismas. En total, sesenta localidades castellano y leonesas -las más pobladas o que han aprobado un plan general de ordenación urbana- tienen la posibilidad de aplicar esta iniciativa, que la Junta incentiva con ayudas económicas ampliando esta medida a los bloques con más de 30 años. Una solución que puede suponer un salvavidas para las pequeñas empresas dedicadas a la construcción, que son mayoría, y a las auxiliares dedicadas a ámbitos como la fontanería, mobiliario y pintura.
Así está siendo, según explica Jesús Fernández, propietario de una empresa de reformas, quien indica que la medida, a pesar de ser todavía «incipiente, porque muchas comunidades de vecinos están conociéndola a partir de la aprobación de ordenanzas sobre la materia por parte de los ayuntamiento, ha permitido reactivar en parte» un ámbito productivo que «estaba cayendo de manera alarmante». Y es que, la construcción de vivienda nueva se desplomó la crisis, pero también la contratación de servicios para rehabilitación de estancias.
Si bien, la actividad rebrota de esta manera, muchos de los inspectores sí alertan de que se han remitido cartas advirtiendo a las comunidades de vecinos que han de acometer el trámite, lo que repercute en la calidad y el tiempo dedicado a las ITEs, que se acumulan en el tiempo en ciertas localidades. «Deberían realizarse de forma progresiva», apuntan.
Homologación de ordenanzas
Dado que son los ayuntamientos los que hasta el momento tienen la potestad de fijar los requisitos necesario en cada ITE, la Junta de Castilla y León ha previsto una norma por la que se homologarán las ordenanzas, de modo que los procedimientos, datos requeridos, documentación y el acceso a internet para formalizar trámites se unificarán. De este modo, según apuntaron desde Fomento y Medio Ambiente, «se decretarán fórmulas para que no actúe cada ayuntamiento por su cuenta».
La ITE es obligatoria para los inmuebles con más de 40 años, pero no será anual. Los edificios se someterán a inspecciones dentro del año siguiente a aquel en el que se cumpla una década desde la última revisión de sus instalaciones. Una labor que llevará a cabo un profesional cualificado, en ejercicio, y colegiado en el correspondiente Colegio Profesional.
Éste revisará las cimentaciones, estructuras, fachadas, cubiertas, además del estado de conservación, para garantizar las condiciones exigibles, asegurando la estabilidad y consolidación estructural del propio edificio, evitando riesgos para las personas y los bienes.
Las ITE no son ningún impuesto municipal, ni suponen un desembolso al consistorio. Ahora bien, si el propietario, o en su defecto la comunidad de vecinos, deciden no afrontarlas, pueden someterse a multas de hasta 30.000 euros, o más. Un importe mucho más elevado que el coste de una revisión por un profesional, que puede suponer entre 350 y 1.500 euros, en función del edificio, su superficie, características estructurales y constructivas, como por la complejidad de la inspección técnica. El técnico deberá aportar las obras necesarias para subsanar posibles defectos en el inmueble, en el caso de que los hubiera.
Según explica Arturo Zarzuelo, ingeniero de Edificación y Arquitecto Técnico, propietario de Itecova, «la mayor parte de los informes son desfavorables», si bien, explica, «son extraoficiales, ‘pre ITE’». «Se apunta lo que hay que arreglar lo antes posible, se subsana y en un corto plazo se solucionan defectos y se emite un nuevo informe, normalmente en positivo».
Las ITEs a casas de tres décadas se incentivarán
La Junta considera que la construcción debe seguir siendo clave en la Economía de Castilla y León, y contribuir en su despegue. Un sector como éste, que emplea a tanta gente, ha tenido en los últimos meses a estas ITEs como un paragolpes importante. El Gobierno autonómico aprobaba el 28 de abril las bases reguladoras de la concesión de ayudas para las inspecciones en inmuebles de más de 30 años. Si bien, también se ha previsto apoyar la rehabilitación como tal. El máximo al que ascendería la factura sería de 10.000 euros por cada contribuyente. Esta medida está pendiente de aprobarse, dada la prórroga de las cuentas correspondientes a 2011. Así, el compromiso es de las consejerías de Hacienda y Fomento, competentes en la materia, es «firme».
La patronal de la construcción continúa a la espera de que el Ayuntamiento adopte una decisión sobre aquellas comunidades de propietarios que han incumplido con los plazos fijados en la Ordenanza Municipal Reguladora de las Inspecciones Técnicas de Edificaciones y no han pasado los controles antes del 31 de diciembre. Los últimos datos que maneja AESCON, y que se corresponden principios del pasado mes de diciembre, reflejan que sólo el 22% de las 253 edificaciones que debían pasar en la ciudad la llamada ITV de los edificios cumplieron con la normativa municipal.